AGENDA DIGITAL Y TIC PARA LA JUSTICIA

Leo El suicidio digital MX. de Jorge Fernando Negrete (Reforma Negocios 15/mar/21) Desde el título, lo menos que produce es inquietud. Su preámbulo es claro: en materia digital, dice el autor, los resultados del Gobierno se sostienen por su fortaleza institucional, la eficiencia de sus políticas públicas y la protección jurídica a ciudadanos y empresas. Continúa: sin infraestructura no hay derechos fundamentales, sin transformación digital no hay innovación ni competitividad. Sin ellos, sentencia, se pierde el tiempo, se desperdicia presupuesto, se margina al ciudadano y se condena a la mediocridad la economía y las empresas.

Me pregunto si el sector público queda fuera de esas expectativas, particularmente las instancias de procuración e impartición de justicia.  Creo que no. Menos cuando la crisis sanitaria ha forzado el uso de tecnología para el desempeño de sus facultades ante la amenaza del contagio.

Continúo la lectura y paso a la preocupación. El diagnóstico expuesto es  desalentador.  México, dice Negrete, tiene la peor posición desde 1986 entre las grandes economías del mundo: la dieciseis. Y al referirse específicamente al aspecto digital lo califica como desastroso. Funda su juicio con dos datos: en el Global Index de Huawei estamos en la posición cincuenta y tres entre setenta países; y en el NRI del World Economic Forum, ocupamos el lugar sesenta y tres  de ciento treinta.

Para el autor resulta contundente la ausencia de una agenda digital del gobierno federal, incluida la desaparición de la subsecretaría de Comunicaciones y la posible del Instituto Federal de Telecomunicaciones; a lo cual añade el incremento autorizado por la Cámara de Senadores al precio del espectro radioeléctrico que acaba, dice, con cualquier debate sobre calidad de red, servicio al usuario, inversión en áreas rurales, competencia e innovación. 

De esa forma,  el aumento del 7% lo hizo el más caro de América Latina y uno de los más caros del mundo; y suma el señalamiento de la GSMA, organización representante de 750 operadores en el mundo: si el precio del espectro fuera equivalente a la media de América Latina, se conectarían 15 millones de desconectados en tres años.

Apenas el 11 este marzo, el propio Senado aprobó una reforma al artículo 17 constitucional que permitirá en todo el sistema de justicia del país los  procesos y procedimientos jurisdiccionales en línea, así como la integración y consulta  de expedientes electrónicos. La motivación principal no fue una proyección moderna de la impartición de justicia sino la  necesidad de que esta actividad esencial no se altere.  Es decir, fue una reacción más bien forzada ante las circunstancias. Por lo mismo avanzará conforme a  criterios obsoletos, por ejemplo el que alude al uso de la tecnología como el futuro, no como la evidente realidad que avanza vertiginosamente y a diario rebasa a nuestras instituciones.

En  materia penal convendría incluir en la reforma –puede hacerse en la cámara de revisión- la misma posibilidad de utilizar las TIC en las instituciones de procuración de justicia, pues si bien las decisiones en los órganos jurisdiccionales las impactarán, sería mejor un acelerador propio. 

Estamos ante una dicotomía: se advierte la carencia de  agenda digital nacional al tiempo que se regula el uso de tecnología para el ejercicio jurisdiccional.

Si eso es así tenemos otro frente por atender desde las entidades federativas: el impulso de una agenda digital propia que asegure la aplicación de la eventual disposición constitucional en tribunales y fiscalías locales. Y, por supuesto lograr el acompañamiento con la respectiva partida en el presupuesto federal. Sin dinero, otra vez el texto reformado en la Constitución quedará en lo aspiracional.

Suponer que la sola inscripción en el texto constitucional  posibilitará esa vía para acceder a la justicia sería tanto como desconocer la geografía nacional, determinante -en muchos casos insalvable-, para la conectividad requerida. Agréguense adecuación de espacios, equipos y capacitación. 

Eso solo se resuelve con inversión, de la que no todos los gobiernos estatales pueden disponer o ya la han aplicado para la prioridad que es atender a personas afectadas por COVID19.