Apuremos la justicia cívica

Desde lo Regional

En su última sesión de 2020, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica a partir de un planteamiento fundamental: el país requiere articular los esfuerzos de la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales y los requerimientos del Ministerio Público de una manera lógica y racional.

El objetivo del Modelo es eficientar la función policial, con políticas públicas que  potencien sus capacidades legales y operativas, clarificando las funciones de cada orden de gobierno y la relación Policía-Ministerio Público para sumar a la meta de la seguridad y evitar duplicidad y desarticulación.

La propuesta es una estructura que facilite la eficiencia en la función policial con mecanismos y fórmulas que permitan la cobertura del servicio, la especialización en funciones específicas y adecuada interacción de los diferentes niveles de gobierno, la policía y el Ministerio Público y entre las policías y el Poder Judicial.

Uno de los problemas –puntualiza el Acuerdo- es el marco legal para aclarar las funciones de cada orden de gobierno, normar ciertas actividades policiales y la relación de las policías con el Ministerio Público. Otros estructurales y legales han impedido esta coordinación pues hay funciones que pueden empalmarse y duplicarse, lo que requiere corregirse para asegurar el eficiente desempeño de las policías.

Se precisa, en cuanto al marco jurídico aplicable, una adecuada “articulación” de esfuerzos entre “diferentes” corporaciones, establecer con claridad su ámbito de competencia territorial como de funciones y especialidades; “coordinación” y “articulación” no solo semántica, sino para establecer facultades diferenciadas entre los diferentes cuerpos policiales para evitar duplicidades, conflictos y desempeñar un trabajo efectivo.

En concordancia, este Modelo Nacional propone que las policías utilicen sus facultades legales para disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad en la población, lo cual requiere mayor capacitación en sus habilidades y en sus relaciones con la ciudadanía, en la especialización en tareas como atención a víctimas, resolución de problemas, mediación, investigación, etc.

El otro eje del Modelo es la Justicia Cívica. Su antecedente los miles de personas arrestadas por faltas administrativas o multadas por infracciones de tránsito, sin que esas sanciones impliquen mejora en la convivencia o modifiquen su comportamiento infractor.

En ese contexto la prospectiva es que la policía y la Justicia Cívica adquieran un papel fundamental por el cual aquellos conflictos no pasen a mayores, mejoren la convivencia y prevengan el delito; eso implica atender a las  personas que por faltas administrativas o por la comisión de delitos menores, se conflictúan con la ley y deben atenderse para inhibir trayectorias criminales.

La fórmula, independiente de la policía, es un sistema de audiencias abiertas, orales, videograbadas, donde se califican  faltas y  multas, y sanciones a  personas infractoras con trabajo en favor de la comunidad, como establece el artículo 21 constitucional. Complementariamente se propone despenalizar conductas y ciertos delitos culposos, conforme a cuantía, daño o ausencia de violencia.

La Justicia Cívica tendría mecanismos alternativos de solución, resolución de faltas administrativas, infracciones de tránsito y vialidad, sanción de mediaciones policiales in situ, y comportamientos policiales inadecuados.

Además de sus ventajas, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica es vía para despresurizar áreas congestionadas del sistema de justicia penal, Ministerio Público y jurisdiccionales al ser filtro de dos salidas: pronta solución de problemas  generadores de molestia, gastos y desperdicio de tiempo y, evitar la solicitud de servicios, con todo lo que eso impacta a la  mejora de actividades policiales, ministeriales y periciales de la procuración de justicia,  y las jurisdiccionales. 

La triada ayuntamientos-Ministerio Público-Poder Judicial puede detonar la aplicación del Modelo, complementaría la Política de Persecución Penal, fortalecería la impartición de justicia y finalmente generaría confianza de la población en sus instituciones.