Día del abogado

La fecha se determinó por un antecedente histórico: el inicio de la enseñanza del Derecho en nuestro continente. Su conmemoración anual fue determinada desde el poder a propuesta de un medio periodístico entonces influyente, quizá más por una relación personal que por el impulso del gremio.

Seis décadas después, en condiciones políticas totalmente diferentes, es evidente que por sí mismas las agrupaciones profesionales no tienen convocatoria ni interés suficientes para la celebración; es como si estuvieran en un obligado impasse, en este caso por la pandemia, cuando lo cierto es que no asimilaron el rompimiento de las costumbres y viejas formas de relación con la autoridad y hoy están a la deriva, por lo menos para ceremonia y festejos que anualmente recuerdan la importancia de la profesión jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                  Fueron las redes sociales vía para transmitir los mensajes, la mayoría amables, otros de franco descrédito y así hasta llegar a los insultantes. Destacan por su utilidad los cuestionamientos al prestigio, la ética, la actualización, la falta de preparación. Y digo que son los útiles por que cuestionan y valoran la presencia profesional en tiempos de cambio.

La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIBA, al expresarnos su felicitación reconoce el decanato mexicano de la profesión en el continente y la firmeza en la defensa del Estado de Derecho, las libertades y los Derechos Humanos.    

Gerardo Laveaga, en tono por demás sugerente preguntó en su cuenta de twitter si quienes integramos el gremio merecemos las felicitaciones y, si hemos defendido, como se esperaría  de nosotros, la División de Poderes, la Democracia y el respeto a los Derechos Humanos, como lo exige todo Estado Constitucional de Derecho. Sin duda una sensata provocación a debatir el momento actual.

Miguel Carbonell, en su artículo semanal de El Universal, refirió las recientes tensiones con el Ejecutivo federal por el litigio contra el gobierno y propuso cinco temas para construir un nuevo ejercicio profesional: especialización en áreas emergentes, más presencia en avances tecnológicos, asesoría jurídica de calidad, mejoramiento de las normas jurídicas e inversión en justicia, sobre todo en las entidades federativas.

Mi propuesta inicial con motivo de nuestra fecha emblemática es modificarle el nombre. Empecemos por utilizar un lenguaje incluyente: no más Día del Abogado, superemos la discriminación profesional que empieza con ese tratamiento y demos paso de una vez por todas al Día de la Abogacía. No es algo baladí, significa fortalecer a la comunidad jurídica como un todo conformado sin distinciones luego materializadas en demérito de las mujeres, en diferenciaciones contractuales, escalafonarias, de acceso a responsabilidades superiores, y violencia en sus diferentes manifestaciones. Por su propia naturaleza el derecho es incluyente, no podría dejar de serlo en perjuicio de quienes lo han adoptado como forma de vida. Ahora debemos propiciar ese ejercicio con perspectiva de género hasta eliminar toda desigualdad entre abogadas y abogados.

Los escenarios que sugiero para la abogacía nacional son: conectar el ejercicio profesional a los  nuevos retos del siglo XXI como la prioridad de la digitalización, ser las y los abogados que México requiere hoy de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y políticas y aportar nuestro ejercicio profesional a la era poscovid.

Concluyo con el aspecto fundamental que debiéramos debatir si realmente nos interesa sostener nuestra viabilidad  profesional: la formación de esa abogacía mexicana.

En el reporte Enderezar el Derecho, de Andrea Pozas Loyo y Julio Ríos Figueroa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Departamento de Derecho del ITAM, respectivamente, hay una premisa a partir de la cual se puede entender la complejidad del problema que hoy enfrenta nuestra profesión, cuándo y dónde empieza:  El vacío regulatorio de la educación jurídica y el ejercicio de la abogacía, y la enorme brecha de calidad que conlleva, debilitan no solo a las y los abogados como gremio, sino también a los usuarios de sus servicios y a las instituciones y organizaciones donde se desempeñan.  

Hemos aprendido, ejercemos y enseñamos una profesión tradicional. Urge cerrar la brecha generacional para actuar en el mundo de acelerada transformación que ahora nos determina y al que debemos dar cauce y soluciones a través del derecho.