Diputada descarta aprobación de violencia vicaria al vapor, abre puerta para modificarla

La diputada local Erika Rodríguez Hernández negó que la integración de la violencia vicaria en el Código Penal local y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fuera aprobada “al vapor” como acusaron activistas y madres que sufren este tipo de violencia, no obstante, abrió la posibilidad de modificarla.

El pasado 11 de marzo el Frente Nacional de Mujeres en Hidalgo señaló al Congreso loca de haber aprobado la inclusión de la violencia vicaria sin antes realizar una consulta y exigieron que, en lugar de ser considerada como otro tipo de violencia familiar, sea tipificada como un delito aparte.

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Al respecto, la legisladora, quien presentó la iniciativa y posteriormente fue aprobada por el Pleno, manifestó la voluntad para dialogar con las inconformes, aunque insistió que previo a su presentación si hubo dialogo con organizaciones civiles y con dependencias de gobierno como la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Hemos tratado de trabajar con un parlamento abierto, esto no fue nada al vapor, me voy a sentar a platicar con ellas, aunque creo que se dio un avance importante” manifestó Erika Rodríguez luego de insistir sobre el desconocimiento que existía en la entidad respecto a este tipo de violencia conocida como aquella que se ejerce contra la mujer atacando a sus hijos o hijas para causarle dolor.

Aunque no consideró que el decreto aprobado el pasado 2 de mayo pueda ser regresado al Pleno para modificar la tipificación del delito como lo exigen las afectadas, adelantó que buscará entablar un diálogo para robustecerla “lo más importante es que ya lo tenemos en la Ley de Acceso y el Código Penal” añadió.

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De acuerdo con lo aprobado por el Congreso de Hidalgo y que será válido a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la violencia vicaria será considerada dentro de los tipos de violencia familiar que puede ser física, psicológica, sexual, económica y patrimonial imponiéndose de uno a seis años de prisión y una multa de 50 a 100 días, además de perder el derecho de pensión alimenticia.

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