Funcionarios de alto nivel de la UAEH buscan amparos para evitar detenciones

Al menos siete funcionarios de alto nivel de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) han solicitado un amparo ante la autoridad federal en los últimos meses para conocer sobre posibles investigaciones judiciales, o bien ordenes de aprehensión en su contra.

En la lista se encuentran desde Adolfo Pontigo Loyola, rector de la máxima casa de estudios, Agustín Sosa Castelán, secretario general e incluso Gabriela Mejia Valencia, coordinadora de administración y finanzas de la UAEH.

Tras la detención de Gerardo Sosa Castelán exrector de la UAEH y presidente del Patronato Universitario, el pasado 31 agosto de 2020 por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser acusado de desvío de recursos de las arcas universitarias, la escalada de solicitudes de amparo por parte de funcionarios llegó a los juzgados federales con sede en Hidalgo; en su mayoría dirigidos al Juzgado Cuatro y Segundo de Distrito.

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Uno de los primeros en solicitar el auxilio de la protección federal fue el rector Adolfo Pontigo Loyola, quien días después de la detención del exrector Gerardo Sosa Castelán, ingresó el amparo indirecto 597/2020 para revisar si existían investigaciones judiciales en su contra o bien órdenes de detención en la FGR e incluso ante el juzgado federal son sede en Almoloya de Juárez, penal donde está recluido Sosa.

Tras detectar que no existían los actos reclamados se desechó la solicitud de Adolfo Pontigo, quien en octubre pasado acudió también ante el Servicio de Atención Tributario (SAT) para comparecer por no reportar impuestos por un monto de 487 mil 222 pesos.

Gabriela Mejia Valencia, coordinadora de administración y finanzas de la UAEH, en el amparo 607/ 2020, apenas el 9 de febrero de este año, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó que hasta el momento no había ni en el juzgado penal, la procuraduría, la policía investigadora, la Fiscalía General del Justicia del Estado de México y la Fiscalía General del Estado de México, alguna orden de aprehensión en su contra.

Esto tras cerca de cuatro meses de que su amparo recorriera todas las instancias y determinar que la Jueza Penal de Control Adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, y otras autoridades negaron la existencia de los actos reclamados. No se le otorgó amparo porque no hay orden de aprensión alguna en las instancias citadas.

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Agustín Sosa Castelán, secretario general de la UAEH, y hermano de Gerardo Sosa Castelán, también solicitó el amparo en octubre pasado, pero cuando la autoridad judicial federal calendarizó la audiencia constitucional del juicio en mención fue aplazado al 7 diciembre, luego al 7 de enero de 2021, al 12 de febrero, por último, en marzo. Hasta el momento la audiencia no se la realizado para resolver si existe o no algún proceso judicial en su contra.

En tanto, Lisseth Gil Guerrero, directora financiera del Patronato Universitario también interpuso un juicio de amparo 630/2020. Pero la autoridad judicial federal le informó que existían investigaciones y juicios en su contra por lo que el expediente fue archivado. Similar situación ocurrió con le amparo de Jorge Augusto del Castillo, quien es el director de planeación de la casa de estudios universitaria. Y bajo el expediente 632/2020 el Juzgado Cuarto de Distrito conoció de su situación legal.

A la cascada de amparos se sumó el de Maricela Escárcega Ramírez, Subdirectora de Recursos Financieros, quien también ingresó un juicio de amparo para conocer si tiene o no procesos penales pendientes por enfrentar.

Un caso más, es el de Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo S.C. y del secretario general, a quien en la reciente audiencia constitucional se le informó que se sobresee su expediente 637/2020, luego de detectar que en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte; Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Oriente; y del, Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Sur, no se le siguen proceso alguno.