Gerardo, dos años después

El 7 de marzo de 2019 escoltado por sus diputadas federales Lidia García Anaya, Marivel Solís Barrera, María Isabel Alfaro Morales y Simey Olvera Bautista, el jefe del Clan Universitario en San Lázaro retó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a probar que los 151 millones de dólares bloqueados en cuentas a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) tenían origen ilegal.

Al dar lectura a un comunicado donde el Patronato Universitario que entonces presidía Gerardo S. C. rechazó imputaciones sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunto lavado de dinero, sostuvo que eran transparentes y argumentó que provenían deaportaciones de los trabajadores y recursos de la UAEH reunidos desde 2006.

Soberbio dijo “aquí estoy dando la cara, con la frente en alto” y a cada frase las diputadas que le reunieron a otros siete legisladores asentían y miraban con admiración a su jefe político, que reiteró todo estaba supervisado por las órganos auditores de los congresos federal y estatal, asegurando que en esa fecha no tenían notificación oficial sólo lo que les comunicó HSBC el 26 de febrero, por ello iniciaron un juicio de amparo el 5 de marzo.

Criticó que la UIF difundiera información falsa sobre el origen de los recursos y se dañara la imagen de la UAEH, dijo desconocer si era embestida contra las universidades públicas y sostuvo que la Autónoma de Hidalgo era exitosa que tenía 5 mil académicos, mil 500 administrativos y 56 mil alumnos y negó que tuvieran que ver con La Estafa Maestra; retó “quien acusa, debe probar”.

El 30 de agosto de 2020 fue detenido acusado de peculado, defraudación fiscal por 58 millones de pesos y delincuencia organizada y aún no se sabe que sucederá con los 151 millones de dólares; mientras la UAEH aclara el destino de 483 millones de pesos en 2019, por observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sus funcionarios gestionan amparos, las diputadas buscan reelegirse y el rector, afina su informe.