Judicatura a escena

Desde lo Regional

En cualquier parte del mundo las y los jueces tienen una asignatura relevante en la consolidación democrática. De ninguna manera pueden ni deben permanecer ajenos a ese proceso. Hacerlo sería renunciar a un compromiso conexo a la impartición de justicia del cual dependen aspectos determinantes para su ejercicio, como la independencia judicial.

Desde luego que las y los juzgadores tienen el compromiso de contribuir a la democracia. No hay lugar a dudas. Lo importante es asumirlo y actuar en consecuencia. Hacerlo en el espacio de sus facultades y como prioridad para colmar su cumplimiento.

La tarea de juzgar es  la más delicada en una democracia constitucional, es el poder por encima de las partes y tiene la última palabra en muchas cuestiones de sensible importancia para la comunidad. De ahí que juezas y jueces deban tener estatura moral y entender que la función que aceptaron desempeñar constituye el último bastión para proteger la democracia y a los derechos humanos.

Por ello, para subir a ese peldaño y ejercer la jurisdicción se necesita integridad intelectual y honestidad probada. De lo contrario, la legitimidad de origen no alcanza. Quien quiera ser jueza o juez tendrá que parecerlo.

La seguridad jurídica demanda de quienes imparten justicia cumplir su cometido aplicando los preceptos de la ley escrita. Y, cuando no ya ley aplicable y/o se han agotado los recursos que brinda la interpretación, la justicia exige y el derecho positivo permite que se juzgue con criterios de  equidad u otros principios generales del Derecho. El orden jurídico no se agota o resume en las normas escritas.

Juzgadores y juzgadoras no se legitiman con el poder que el Estado les confiere, sino con el respaldo justo y humano de sus decisiones. El problema es que el tema, presente en el discurso institucional de la impartición de justicia, es motivo de exaltación y, esporádicamente, de acciones para concretarlo. La realidad presenta variantes nuevas e inquietantes, no siempre en la ruta de su consolidación.

Pareciera un contrasentido, pero en muchos casos –el mexicano por ejemplo-, a quienes más cuesta asimilar esta irreversible realidad  es a las y los propios impartidores de justicia, reacios a sustituir la añeja cultura de la dependencia respecto de otras instancias del poder público, heredada del antiguo régimen.

La independencia de los órganos sus titulares del Poder Judicial en el marco de la división de poderes, es un tema relativamente novedoso en nuestro país. Hay gobernantes que así lo entienden y paulatinamente han  superado la tentación de influir en la responsabilidad de las y los juzgadores, o de plano violentar las normas que regulan sus facultades e intervenir en la composición orgánica  y el funcionamiento de las instituciones responsables de impartir justicia.

También hay criterios ubicados en el extremo de interpretar el principio de división de poderes como una fórmula tajante que impide hasta la mínima comunicación y descalifica a quien la mantiene con los órganos del poder político.

La separación de poderes implica un equilibrio entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial mediante la fórmula de pesos y contrapesos, de ninguna manera la lejanía, mucho menos la incomunicación entre quienes lo detentan o representan. Este modelo constitucional requiere de un trato justo en el respeto mutuo, armonizado con el propio comportamiento que asuman sus titulares: sin avasallamientos, obsecuencia ni enfrentamiento.

La modificación de las condiciones políticas, federal y estatales, a partir de la alternancia –primero en los estados y posteriormente en la Presidencia de la República en 2000-, trajo consigo un nuevo ambiente para el ejercicio de la judicatura. Existen nuevas formas en la conducción de las relaciones institucionales entre jueces y actores políticos.

Después del próximo domingo de elecciones, como durante todo el proceso electoral, la judicatura electoral saldrá a escena para decir la última palabra, sus magistradas y magistrados tendrán una condición protagónica y esa colocación requiere, como hace tiempo señaló Salvador Nava Gomar, que dialoguen sobre sus  resoluciones para aclarar lo que de ellas no se comprenda.