Juicio a expresidentes, otra tomada de pelo

Letras Minadas

Disfrazada como un «acto de justicia», el gobierno federal promueve con bombo y platillo su famosa consulta popular para enjuiciar a expresidentes de la República, aunque en los hechos, especialistas en derecho siguen cuestionando esta simulación de llevar a la gente a las urnas para preguntarles si se debe o no aplicar la ley en contra de los antecesores de López Obrador.

Tan demeritado está el nivel político de nuestro país, que se tiene que recurrir a una consulta popular para juzgar a expresidentes el próximo 1 de agosto, a pesar de no tener razón de ser, y no porque los expresidentes no deban nada, al contrario, son incontables los señalamientos en contra de los expresidentes de México del PAN y del PRI por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Pero también es evidente la utilización de dicha consulta como bandera política para mantener adeptos, a pesar de que esto es algo que las autoridades tienen la obligación de hacer no solo porque es su trabajo, sino porque la justicia no puede ser sometida a una votación.

La polarización generada desde el inicio de la actual administración, aunado a los graves señalamientos en las pasadas elecciones de un supuesto narcoestado, nos llevan a cuestionar la necedad de gastar tiempo y dinero en este circo innecesario.

Reza el dicho que “para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”, por ello, los priistas ni tardos ni perezosos exigen que se incluyan en la consulta preguntas sobre la línea 12 y el manejo que el gobierno federal le ha dado al tema de la pandemia.

Y es que precisamente los promoventes de esta consulta son los más carentes de calidad moral.

Por citar solo dos casos: en el municipio hidalguense de Ixmiquilpan los polémicos hermanos Charrez ya se montaron en esta consulta, a pesar de que ellos mismos han sido los primeros en pretender evadir a la justicia en diferentes ocasiones, apoyados con violentas manifestaciones a cambio de liberar a implicados en hechos posiblemente constitutivos de delito.

O qué tal el caso del súper delegado de Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, quien junto con sus servidores de la nación, al igual que en muchos estados de la República, han utilizado padrones de programas sociales para promover a su partido y a sus candidatos.

Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras promoviendo dicha consulta ciudadana, son los primeros en violar la ley.

El tiempo dará la razón, pero tiempo es lo que menos tiene el actual gobierno federal, pues le quedan tres años para poner tras las rejas por lo menos a uno de los expresidentes, aunque lo que mal empieza mal acaba, y todo apunta a una tomada de pelo más, del gobierno cuatrotero.

@AlexGalvezQ