Justicia para las salvadoreñas

Lo personal es político

El Salvador es uno de los países de América Latina que tiene absolutamente penalizado el aborto desde 1998, incluso en casos de riesgo de vida, y desde entonces ha realizado procesos por aborto y emergencias obstétricas contra 181 mujeres con condenas de hasta 40 años, además de otras repercusiones: criminalización y persecución de las mujeres, mortalidad materna y riesgo de salud en las niñas, adolescentes y mujeres, embarazos impuestos, inseguridad jurídica para personal de salud por la atención de esta práctica médica, ataques a defensoras de derechos sexuales y reproductivos, así como desinformación y reproducción de estigmas del aborto.


Afortunadamente, organizaciones locales han logrado la defensa de varias de estas mujeres criminalizadas y encarceladas en ese país, han impulsado desde 2009 diversas estrategias jurídicas y mediáticas para intentar liberarlas o, como en otros casos, intentar que se realicen un aborto porque corre peligro su vida.


Los próximos días se llevará a cabo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) por el caso particular de Manuela, una mujer salvadoreña de escasos recursos que no sabía leer y escribir. El 26 de febrero de 2008, Manuela sintió un fuerte dolor abdominal, fue a una letrina, donde ella sintió como si hubiera evacuado, y se desmayó. No sabía que había tenido una emergencia obstétrica; cuando despertó estaba en el hospital, el personal médico la denunció por el delito de aborto y fue capturada cuando todavía se encontraba hospitalizada, fue interrogada sin la presencia de un abogado y obligada a declarar en su contra sin saberlo, fue condenada a ¡30 años de prisión por el delito de homicidio! Estando en la cárcel fue diagnosticada con cáncer linfático por el cual murió dejando dos hijos pequeños que se quedaron al cuidado de abuela materna.


En el 2012, organizaciones civiles presentan una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 5 años después el caso fue admitido y 9 años después los próximos 10 y 11 de marzo se llevará a cabo la audiencia para exigir #JusticiaParaManuela.


¿Por qué es importante lo que va a ocurrir en la CIDH? Además de ser un caso importante para las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, esta Corte podría establecer responsabilidad internacional de El Salvador por las múltiples violaciones de derechos humanos a Manuela y su familia que permita la reparación integral a la que tiene derecho, podría crear estándares internacionales de obligatorio cumplimiento para todos los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otra situación que podemos esperar que se dictamine es la responsabilidad que tienen las naciones para prevenir la persecución penal de mujeres que sufren emergencias obstétricas y reparar los daños de las que han sido detenidas y condenadas arbitrariamente, además de una sentencia que generaría jurisprudencia en el camino a la despenalización del aborto, una deuda histórica con las mujeres de América Latina y El Caribe.


Estaremos pendiente de lo que ocurra, pero también activas para que la CIDH (pese a los ataques de los antiderechos) se pronuncie para la criminalización absoluta del aborto y que exista #JusticiaParaManuela y sus familiares.

  • Feminista activista, presidenta Ddeser

Adriana Patlán

Feminista, activista por los derechos de las mujeres, actualmente es Directora de la red por los derechos sexuales y reproductivos en México (ddeser) que acompaña en 15 estados el acceso al aborto legal y seguro, Consejera Social del INMUJERES por el estado de Hidalgo y Consejera Consultiva en temas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo.