Las manos sucias del PAN tocan al PRD

El pasado 25 de abril el PRD anunció con bombo y platillo la inauguración de las oficinas de su Comité Municipal de Pachuca, que encabeza Josefina Gómez Arceo. En la rueda de prensa donde se hizo el anuncio, acudieron entre otros, el dirigente estatal del PRD, Ricardo Gómez Moreno, así como el exregidor panista Arturo Rodríguez Alvarado y Arturo Barraza Santillán, estos dos últimos en calidad de dirigentes de la agrupación política denominada Ruta 5.

Esto no tendría mayor relevancia, de no ser por la reaparición de Arturo Barraza Santillán, viejo conocido del panismo y quien además es familiar de Juana Barraza Santillán, mejor conocida como la Mataviejitas, detenida en 2006 por su participación en los asesinatos de al menos 10 adultas mayores, aunque la cifra -según notas de aquella fecha- ascendía a 47 homicidios con las mismas características.

¿Pero quién es Arturo Barraza Santillán?, que reapareció como Secretario Nacional de Estructuras Políticas de Ruta 5.

Si usted leyó el libro Las Manos Sucias del PAN escrito por el destacado periodista José Reveles, tendrá mayores referencias de este personaje, pero si no, a continuación le cuento.

En su investigación, Reveles desmenuzó a detalle la forma en que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, se lucraba políticamente con los programas sociales y se desviaron miles de millones de pesos a cambio de lograr la permanencia de Acción Nacional en el poder, al que llegó de la mano del tristemente célebre Vicente Fox Quesada.

El nombre de Arturo Barraza Santillán no sólo aparece en Las Manos Sucias del PAN como uno de los tantos operadores de este fraude, sino también, figura en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que dirigía María de los Ángeles Fromow Rangel, donde se revela que a través de la organización Huehutepetl Comunitaria, legisladores del PAN desviaron 54 millones 993 mil 243 pesos para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa.

En la querella iniciada el 30 de mayo del 2006 por el diputado Pablo Gómez y la legisladora Clara M. Brugada Molina, se señala a Arturo Barraza Santillán de solicitar cantidades que iban de los 250 hasta los 300 pesos a cada uno de los beneficiarios del programa de vivienda por supuestos gastos de trámite, además de que condicionaba la entrega de los mismos a cambio de que votaran por el PAN.

El 21 de mayo del 2006, Leopoldo García, Sagrario Sánchez Falcón y Domitila Pérez González, integrantes del Comité Municipal del PAN en Chapantongo, declararon ante el juez conciliador Isael Guerrero Vázquez, que los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y el listado de los beneficiarios se los habían entregado a Barraza Santillán, entonces secretario de Promoción Ciudadana del Comité Directivo Estatal del PAN.

La misma denuncia señala que Barraza Santillán operaba por indicaciones del entonces dirigente estatal panista, Guillermo Bernardo Galland Guerrero, quien habría ordenado la entrega de materiales de la Secretaría de Desarrollo Social a Sagrario Sánchez Falcón y Leopoldo García, presidente y tesorero del Comité Municipal del PAN en Chapantongo.

La propia Sedesol a través de un comunicado de prensa alertó sobre personas que se hacían pasar como servidores públicos y quienes con credenciales y documentos apócrifos, solicitaban cuotas a cambio de ofrecer diversos apoyos de programas sociales, y al menos en Hidalgo, se tenían detectadas a dos personas cometiendo este tipo de fraudes.

Tras las evidencias del multiatraco, Barraza Santillán, quien además es esposo de la dirigente del PRD en Pachuca, Josefina Gómez, estuvo preso, mientras que otros implicados encontraron arropo en el manto de la impunidad. Barraza ahora reaparece en pleno proceso electoral, encabezando esta agrupación supuestamente con tintes sociales.

@AlexGavezQ

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