Más de 1 millón de pesos gastó alcaldía de Tulancingo en compra de autos

Un millón 13 mil 810 pesos, costaron los cinco autos nuevos que adquirió Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, a un mes de tomar protesta como presidente municipal de Tulancingo.

Según el contrato de compraventa MTB/AD/STA/REFIS/MBS/0001/2021, el gobierno municipal se equipó de unidades Versa V Drive modelo 2020 con la empresa Autonation S.A.P.I. de C.V. (Nami-Tulancingo).

Los vehículos cuyas características son aire acondicionado, asientos delanteros y traseros con cabeceras ajustables, computadoras de viaje con dobles odómetro, desampañador trasero con temporizador, seguros eléctricos sensibles a la velocidad, entre otras, se compraron con recursos fiscales del 2020, validados el 11 de enero de 2021.

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Cada unidad costó 174 mil, 794.83 pesos, para dar un monto total de 873 mil, 974 mil 15 pesos (monto total sin IVA).

Los cinco vehículos fueron entregados a la administración pública de Tulancingo el 25 de enero, luego de que el alcalde Cesáreo Jorge Márquez Alvarado firmara el contrato el 22 de enero.

El contrato también especifica que la adquisición de las unidades se llevó a cabo mediante procedimiento excepción a la licitación con fundamento en el artículo 55 fracción II y IV de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público para el Estado de Hidalgo.

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Según ley bajo su responsabilidad, los convocantes podrán realizar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de invitación, a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

La fracción II establece que la excepción a la licitación se aplica cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, de caso fortuito o de fuerza mayor.

Y la fracción IV que, derivado de caso fortuito, fuerza mayor, no sea posible obtener bienes, arrendamientos o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido, para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

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