No debió pasar

Si las grandes tragedias no dejan enseñanzas para evitar su repetición, qué debe pasar entonces para prevenirlas, cuantas deben ocurrir antes de que alguien tome decisiones suficientes y eliminarlas del catálogo de riesgos, o de plano hay que acostumbrarnos a su presencia hasta hacerlas parte de nuestra cotidianeidad y restarles importancia.  Las preguntas sugieren respuestas complicadas. Una primera dependería de la causa que las provoca, si es controlable o no, si, como sucede con los fenómenos naturales, vienen de ese carácter;  por accidente, casualidad,  la voluntad o la omisión. 

No olvidemos, sin embargo, que investigación y  tecnología permiten anunciar fenómenos naturales como los sismos y los tsunamis.  Qué decir cuando la causalidad se conoce por estar a la vista pública, la gente sabe de ella y comprende sus posibles efectos. Y no solo, cuando también es soslayada por la población y la autoridad. Si eso es así, la respuesta surge  natural. 

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Vamos al grano de lo que aquí se trata:  la causa de lo causado se llama robo de combustible, es públicamente sabida,  aceptada, reiterada y tolerada, son conocidos sus estragos sociales, económicos, ambientales, y también sus efectos letales. Entendible así que aun presentes los trágicos hechos de Tlahuelilpan, el más grande desastre sufrido, hasta entonces, por el estado de Hidalgo, otros similares lastimen ahora al limítrofe de Puebla. 

Cierto, los resultados, por fortuna, son notablemente diferentes, igual que las circunstancias alrededor de ellos. Pero hay un denominador común que ya identifica la región central del territorio nacional y se llama robo de combustible. Es problema señalado y cuantificado, en monetario y consecuencias colaterales, por los gobiernos federal y locales de ambas entidades federativas. 

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En Xochimehuacán el impacto fue mayormente material y mínimo en pérdidas humanas, lo que de ninguna manera debe minimizarlo pues el propio gobernador poblano apuntó a una magnitud desastrosa de no haberse decidido el oportuno desalojo de la zona. Ningún elemento propio del problema debe desviar la atención de su origen.  Por el contrario, es indispensable dimensionarlo detalladamente y con perspectivas federal y regional, del antecedente al impacto. 

Antes que repartir culpas y/o eximir de ellas, la lección obliga a un análisis de contexto para mostrar y entender el fenómeno, en consecuencia, darle el tratamiento diferenciado y generar la o las posibles soluciones. La línea penal es insuficiente. Con la apertura de la o las correspondientes carpetas del Ministerio Público, en el mejor de los casos se agotará con una sentencia para castigar la responsabilidad en el caso concreto.  No  soluciona una incertidumbre de tal calado. 

Resuelto el conflicto con la ley hay que ir al fondo donde se advierte antigüedad, basamento social y asimilación generacional, efectos microeconómicos, autoridades rebasadas,  cuerpos policiales cómplices, participación empresarial, mercado paralelo, corrupción en la empresa paraestatal, vigilancia insuficiente, competencia delictiva, lagunas legales y,  otros factores menos vistos. 

A las políticas de seguridad como la coordinación de mandos federales, locales y municipales y sus servicios de inteligencia, independientemente de la naturaleza federal del delito, -Hidalgo es ejemplo de ello-, deben sumarse las políticas públicas, también de los tres órdenes de gobierno para atender un conflicto que no encuentra contención en la desgracia. Entre Tlahuelilpan y Xochimehuacán no pasaron ni tres años.  

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