Para cumplir con sentencias de Tribunales, Congreso debe hacer reformas legislativas
En 2019 y 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Hidalgo, emitieron dos sentencias al Congreso del Estado para diseñar acciones afirmativas que garanticen el acceso, la inclusión y la correcta participación de las personas con discapacidad en procesos electorales, para ello, se requieren de reformas legales según planteó la diputada Michelle Calderón Ramírez.
En el caso del TEPJF, en la que ordenó al Congreso de Hidalgo a diseñar acciones afirmativas para garantizar el acceso y correcta participación de las personas con discapacidad en cargos de elección popular y cargos públicos, mientras que el Tribunal Electoral local ordenó que tomara las acciones necesarias para incluir a las personas con alguna discapacidad en las actividades de campañas electorales.
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Las propuestas de reforma que plantea la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad del Congreso abarcan al Código Electoral, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica Municipal, y la Ley de Participación Ciudadana, todas de Hidalgo.
En dichas adecuaciones se establece que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) proponga la instalación de un Comité integrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por miembros de la sociedad civil organizada, quienes en conjunto emitirán su opinión por cada postulación, a fin de contar con elementos acordes al modelo social de discapacidad.
Por su parte, los partidos políticos y las candidaturas independientes también deberán postular una fórmula completa para personas con discapacidad en cualquier lugar de la planilla por el principio de mayoría relativa en aquellos municipios de hasta 50 mil habitantes, y dos fórmulas completas en municipios de más de 50 mil habitantes.
Otras adiciones contemplan que los partidos deben destinar anualmente al menos, el tres por ciento del financiamiento público ordinario para la promoción, protección y aseguramiento pleno del ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
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