Socios de La Cruz Azul alertan para no asistir a Asamblea; acusan está fuera de la legalidad

Socios cooperativistas de la Cruz Azul alertaron que la convocatoria a una Asamblea General emitida recientemente por José Antonio Martín y Víctor Manuel Velázquez violenta la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como a las Bases Constitutivas, por lo que llamaron a no atender al llamado.

A través de un desplegado publicado en un rotativo local, los firmantes Federico Sarabia Pozo, presidente del Consejo Administrativo, y Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia del denominado Consejo Legítimo, acusaron incluso al juez Juan Manuel Uribe Salazar, de quien señalaron el famoso “juez 60’, que en innumerables actos jurídicos les ha permitido salir beneficiados”.

Sigue leyendo: Más de 18 mil casas abandonadas en Tizayuca y Mineral de la Reforma: Infonavit

De acuerdo con el documento dado a conocer esta mañana, se explica que en la pasada Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo el pasado 26 de agosto de 2020, sí se dio convocatoria legal porque hubo la aprobación de más del 20 por ciento de los socios.

Además de que la elección de los Consejos de Administración y Vigilancia y Comisiones fue con una aprobación de más del 70 por ciento del padrón de socios pertenecientes a La Cruz Azul, por los acuerdos fueron válidos y legales; de ahí que expresaron que en este momento las condiciones son distintas para la presente convocatoria que no tiene el respaldo.

“La democracia ejercida en aquella Asamblea no será afectada por un juez a modo”, se lee en el comunicado y en cual también se llama a la unida, pero sobre todo a no asistir a la reunión, pues advirtieron que ya su equipo jurídico trabaja para dejarla sin efectos legales correspondientes.

La Cruz Azul enfrenta actualmente conflictos internos, y la planta de Tula de Allende, ubicada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul no es la excepción, incluso ya las empresas y cooperativas que surten materia prima a dicha planta que llevaron a cabo una manifestación en Palacio de Gobierno para solicitar su intervención, pues ya los alcanzaron en inseguridad en la zona y falta de trabajo por la parálisis de la planta productora de cemento.