Durante la tarde del pasado sábado tuvo verificativo uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México. En varios puntos del Municipio de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, un comando armado ejecutó a 15 civiles, los cuales habrían sido elegidos aleatoriamente en el contexto de una lucha territorial entre grupos criminales. La magnitud y gravedad de los hechos amerita y demanda un profundo ejercicio de introspección y autocrítica por parte de todas las instancias del Estado mexicano, en el marco de una expresión abominable de la descomposición e inseguridad que desafortunadamente se hace patente en varias regiones de nuestro país.
Tamaulipas es un estado con una ubicación geográfica envidiable. Sus puertos en la costa del Golfo de México y su frontera con Estados Unidos le han permitido consolidarse como uno de los motores económicos del país. Sin embargo, tal ubicación estratégica también ha sido factor determinante para la presencia permanente del crimen organizado, derivando en un clima de violencia que durante la última década ha mermado la tranquilidad y la calidad de vida de grandes sectores de la sociedad tamaulipeca.
Poniéndole números: con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo pasado, en Tamaulipas 298 personas fueron asesinadas dolosamente, de las cuales 55 fueron reportadas en Reynosa. Resulta relevante recordar que fue precisamente en Tamaulipas en donde tuvieron lugar diversas tragedias de resonancia nacional, tales como la masacre de 73 migrantes en el municipio de San Fernando en 2010, el asesinato de una familia entera en medio de un fuego cruzado en 2018 y más recientemente el caso de otros 19 migrantes asesinados en el Municipio de Camargo.
En tal contexto es que se presenta una nueva oportunidad para que las autoridades locales y federales retomen el diálogo para la adopción e instrumentación de una estrategia coordinada que permita asestar un golpe de autoridad en la lucha contra el crimen organizado, no obstante el escenario político marcado por el desencuentro entre el Gobierno del Estado y la Federación en razón de las acusaciones e intento de desafuero del Gobernador Cabeza de Vaca. Tal coyuntura jurisdiccional no debe de representar un obstáculo infranqueable para el pleno desarrollo del trabajo interinstitucional en materia de seguridad y de procuración y administración de justicia.
Si bien es cierto que por razones de competencia la Fiscalía General de la República se hará cargo de la indagatoria correspondiente, el Estado Mexicano habrá de acometer el multihomicidio de Reynosa desde una posición inexcusable de unidad y fortaleza, en donde las autoridades municipales, estatales y federales colaboren estrechamente en el esclarecimiento de los hechos, la atención y reparación del daño a las víctimas y la recomposición del tejido social, en aras de salvaguardar la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de derecho.
Sirva este espacio para condenar tan cobarde hecho, exigir justicia y expresar mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
Consultor y Profesor de la Universidad Panamericana
@EMILIOSL
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