Gerardo Sosa: promovió juicio de amparo; juez lo rechaza

Gerardo Sosa Castelán promovió ante el juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Almoloya, estado de México un juicio de amparo que pretendía desestimar un testimonio clave que derivó en la detención del ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) el 31 de agosto de 2020.

El testimonio que la defensa de Gerardo Sosa pretendía echar abajo es el de de Oscar Pacheco Medina, testigo clave y colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizó en la videoaudiencia del pasado 12 de febrero.

Pacheco Medina, de acuerdo con las investigaciones es señalado como operador financiero y socio de Gerardo Sosa Castelán, y quien otorgó los elementos necesarios para la detención del también ex rector de la UAEH acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal.  

Sigue leyendo: Gerardo S.C. el final de un cacicazgo

De acuerdo con el fallo del juez sexto en materia de amparo, rechazó el recurso que se presentó vía electrónica, porque carecía de la firma de Sosa Castelán.

“En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la Firel del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria”

Dice el resolutivo.

Te sugerimos: Niegan amparo a Sosa Castelán; seguirá en el Altiplano

En septiembre de 2020, un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano, en estado de México, vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán y tres coacusados por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

Por César Arellano García